Son tres leyes vitivinícolas lasque deroga el DNU y que afectan a la industria del vino en el país. El presidente se refirió al sector vitivinícola, sin dar muchos detalles y en el sector esperan una reunión cpara saber los detalles.
En el anuncio de anoche, el Presidente hace referencia a las leyes que fueron sancionadas por el Congreso en las décadas del 70 y 80 con una impronta sobre la regulación de la elaboración del vino y los contratos del sector. la Ley de Contratos de Elaboración de Vinos, la Ley de Política Vitivinícola Nacional y la Ley de Reconversión Vitivinícola.
Con el título “liberación del régimen jurídico aplicable al sector vitivinícola”, Javier Milei, metió al sector del vino dentro del shockeante tsunami de medidas que anunció el Presidente anoche por Cadena Nacional.
Un paquete de medidas que apunta a la desregulación de cientos de leyes que afectan a todos los sectores: trabajadores, empresas, salud y Estado.
La reforma y derogación de la leyes, no tiene ninguna relación con los reclamos del sector acerca de los aranceles respecto de las exportaciones, Sino que son cambios en la legislación.
¿Pero qué significa que «se libera el régimen al sector del vino»?
El fundamento de este decreto, lo justifica en base a que “varias industrias deben soportar el peso de una excesiva regulación, como ocurre con la industria vitivinícola, por lo que resulta adecuado derogar la Ley N° 18.600 de contratos de elaboración de vinos, la Ley N° 18.905 de política vitivinícola nacional y la Ley N° 22.667 de reconversión vitivinícola”.
La primera regula los contratos de elaboración de vino, y dictamina las normas en las que se basan los contratos de elaboración de vino por cuenta de terceros o cuenta exclusiva del viñatero. Por un lado establece que los contratos deben registrarse dentro de los cinco días posteriores a la fecha establecida por el Instituto Nacional de Vitivinicultura para la terminación de la vendimia. Además, la ley que Milei busca derogar, tiene la potestad sobre la cantidad de vino correspondiente a la relación uva-vino de la bodega elaboradora, al grado alcohólico mínimo y al tipo de vino definido por el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Los Gobiernos provinciales tienen la facultad de fijar anualmente el precio máximo por litro de vino que el viñatero debe pagar al elaborador.
La segunda, se refiere a la política vitivinícola. La Ley 18.905 fue la que estableció un nuevo modo de regulación para el crecimiento del sector a través de la Política Vitivinícola Nacional, (acordada por provincias y Nación) La ley coordina el accionar entre entidades públicas y privadas del sector vitivinícola. A partir de ella, el Poder Ejecutivo Nacional puede poner en funcionamiento medidas como el otorgamiento de créditos, exenciones impositivas, fijación o exención de aranceles, aspectos relativos a las importaciones, energía y subsidios. El Instituto Nacional de Vitivinicultura es la autoridad de aplicación encargada de proponer al Poder Ejecutivo las medidas necesarias.
Finalmente, la tercer Ley derogada anoche, hace alusión a la regulación de la elaboración del vino. Una Ley que regula la producción y comercialización de vinos en el país. A partir de la vendimia 1983, se fija anualmente el cupo nacional de producción de vino, que se calcula a partir de consumo interno, las exportaciones y una reserva. También regula la cantidad de uva por litro que debe tener el producto, al proceso de destilado; y regula los traslados locales y entre provincias de los productos del vino
